Comentario
Las naciones europeas han tenido experiencias muy diversas a lo largo de los tres últimos lustros del siglo XX tanto en el terreno político como en el económico. En todas ellas, no obstante, la construcción de una unidad política y económica supranacional ha jugado un papel esencial.
Los antecedentes más remotos del tratado de Maastricht cabe establecerlos en la decisión tomada en junio de 1988 por la CEE de liberalizar por completo el movimiento de capitales en el seno de la Comunidad en julio de 1990, lo que constituye un paso decisivo para crear un mercado de 350 millones de personas de un nivel de vida muy elevado. Objeto de temores y prevenciones por parte del resto de las grandes potencias económicas mundiales (Estados Unidos y Japón), los posteriores acuerdos de liberalización del comercio mundial contribuyeron a hacerlos desaparecer con el paso del tiempo.
Las negociaciones destinadas a llegar a un acuerdo para una unión más estrecha fueron complicadas principalmente en lo que respecta a la armonización de las políticas fiscales y la unión monetaria, pero también tuvieron como telón de fondo el problema planteado por la impotencia demostrada por Europa en torno a la política exterior (Guerra del Golfo y conflicto interior yugoslavo). Finalmente, en el Consejo europeo celebrado en Maastricht (diciembre de 1990) se llegó a un acuerdo de conjunto sobre todas estas materias. El nuevo tratado de la Unión Europea, firmado en febrero de 1992, tuvo como propósito crear una realidad comunitaria no sólo en el terreno de la economía. El tratado creaba una ciudadanía europea, extendiendo el derecho de voto en las elecciones municipales para los europeos en los países en que residían, y una Europa social, haciendo, además, posibles las decisiones políticas por unanimidad de los jefes de Gobierno pero sobre todo concluyó la Europa económica mediante la creación de una moneda europea ("euro"). La novedad fue tan grande que los posibles beneficiarios titubearon antes de decidirse a la incorporación: los daneses rechazaron el tratado para luego incorporarse a él y Gran Bretaña mantuvo reservas acerca de su participación en la unión monetaria y respecto a la vertiente social de Europa.
Pero, pese a todas estas dificultades, es innegable que Europa -sobre todo la potencial Europa futura- constituye desde 1992 una realidad radicalmente nueva. Tiene una capacidad de atracción indiscutible sobre las naciones del Este que abandonaron el sistema comunista, dispone de una capacidad económica de primera importancia para promover el desarrollo del Tercer Mundo y, en fin, a través de la transformación de organizaciones preexistentes como la Conferencia de la Seguridad y Cooperación Europea dispone de una excepcional capacidad de influencia para construir un futuro pacífico para la Humanidad. Pero si desde esa perspectiva sólo se puede hacer mención a un futuro positivo, también resulta cierto que las instituciones vigentes en Europa, como en el resto del mundo democrático, dan la sensación de pasar por problemas que, aunque no se refieren a su propia esencia, no dejan de ser preocupantes.